La Contraloría General de la República puso bajo la lupa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes incautados a la mafia y organizaciones criminales, y reveló múltiples irregularidades en la gestión de esos activos. El informe, resultado de una auditoría a las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, determinó hallazgos fiscales por 8.839 millones de pesos y una serie de deficiencias que comprometen la integridad de los recursos públicos.

22 hallazgos administrativos y 11 con incidencia fiscal

La Contraloría identificó un total de 22 hallazgos administrativos en la SAE, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal directa y 17 podrían desencadenar investigaciones disciplinarias. El estudio técnico reporta deficiencias en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio, procesos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre áreas de la entidad.

Fallos en contratos de arrendamiento y seguimiento

Entre las irregularidades más destacadas están las relacionadas con los contratos de arrendamiento de bienes administrados por la SAE. El ente de control halló casos de contratos vigentes sin las pólizas exigidas por ley, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios, lo que afecta tanto la conservación de los activos como los ingresos potenciales para el Estado.

La auditoría también evidenció insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios, y omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos establecidos por la propia entidad.

Problemas en procesos de comercialización y semovientes

La Contraloría detectó deficiencias en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos y otros bienes muebles, lo que ha generado una pérdida de valor de estos activos. Algunos automotores permanecen almacenados por más de seis años sin avances hacia su venta, lo que ha generado costos de bodegaje por al menos 1.090 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Aunque el informe inicial no detalla específicamente semovientes, este tipo de activos —incluidos ganados o animales incautados en procesos de extinción de dominio— suele formar parte del inventario de la SAE junto con predios, vehículos y otros bienes, y su gestión también está sujeta a evaluación de controles y comercialización.

Inventarios y sistemas de información deficientes

La gestión de inventarios es otra área señalada por la Contraloría. Las debilidades en los sistemas de información y la falta de articulación entre áreas internas dificultan la determinación de la ubicación, estado y valor real de los bienes administrados, lo que complica decisiones oportunas de comercialización o disposición final.

Además, se evidenció un incumplimiento sistemático de lineamientos para la ejecución de desalojos de inmuebles y la elaboración de estimados de renta, lo que representa un riesgo para el patrimonio público.

Próximos pasos: seguimiento y sanciones

La Contraloría anunció que dará seguimiento al plan de mejoramiento que la SAE deberá implementar para corregir las fallas detectadas. Al mismo tiempo, el organismo fiscal continuará con los procesos fiscales y disciplinarios correspondientes, con el objetivo de determinar responsabilidades y asegurar que los bienes administrados cumplan con su propósito de generar valor al Estado y no se conviertan en cargas innecesarias.

Las irregularidades detectadas ponen en evidencia no solo fallos administrativos, sino también riesgos importantes en la gestión de activos públicos que podrían traducirse en pérdidas económicas y deterioro patrimonial si no se adoptan acciones correctivas oportunas.

Irregularidades en semovientes y activos biológicos

Además de los bienes inmuebles y mobiliarios, la auditoría de la Contraloría también pone en la mira el manejo de activos biológicos como semovientes, que forman parte del patrimonio bajo extinción de dominio administrado por la SAE. Aunque el informe actual no detalla cuantitativamente estos activos, documentos institucionales y auditorías previas evidencian que los semovientes —animales o ganado incautado en procesos judiciales— deben ser incluidos en los inventarios oficiales y gestionados conforme a la ley 1708 de extinción de dominio, que contempla la enajenación temprana o disposición de este tipo de bienes cuando su mantenimiento representa un costo desproporcionado para el Estado. La ausencia de controles adecuados y de registros precisos sobre semovientes en inventarios puede traducirse en pérdida de valor, omisiones contables y dificultades para generar recursos para programas sociales o de reparación, incrementando el riesgo de detrimento patrimonial en esta categoría de activos.