El mandatario citó a movilizaciones para este jueves en defensa del aumento salarial del 23%, una decisión que generó críticas inmediatas desde diferentes sectores de la oposición.

El presidente Gustavo Petro ha recurrido nuevamente a la movilización social como mecanismo para respaldar sus decisiones ejecutivas. A través de una alocución televisada emitida este domingo y mensajes previos en su cuenta de X, el jefe de Estado convocó a la ciudadanía a marchar este jueves hacia las 4:00 p.m. El propósito principal de la jornada será defender el incremento del 23% estipulado para el salario mínimo.

El anuncio ha despertado una ola de críticas por parte de los sectores detractores del Gobierno Nacional, particularmente de candidatos que participan en la actual contienda electoral y de líderes del poder regional, quienes señalan supuestos intereses políticos detrás de la convocatoria.

Oposición rechaza las marchas de Petro y advierte motivaciones electorales

La reacción desde las diferentes orillas políticas no se hizo esperar. La precandidata presidencial de la Gran Consulta, Vicky Dávila, expresó su rechazo a la iniciativa a través de sus redes sociales. Dávila calificó de infames las acciones del mandatario y afirmó que tanto Petro como el senador Iván Cepeda buscan crear un ambiente de tensión en el país.

En su mensaje, la precandidata aclaró que está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, pero rechazó lo que denominó como marchas politiqueras, insistiendo en que el presidente está utilizando estas movilizaciones para favorecer la campaña electoral del senador del Pacto Histórico.

El debate entre la presión social y el rigor técnico

Desde el legislativo, el partido Centro Democrático también emitió fuertes cuestionamientos a la estrategia del jefe de Estado. La senadora María Fernanda Cabal criticó el hecho de que el presidente continúe llamando a los ciudadanos a las calles después de tres años de mandato, argumentando que el país está a la espera de resultados concretos de gestión.

Cabal enfatizó que el salario mínimo no debe decretarse mediante arengas o presión política en las calles. Según la congresista, esta variable macroeconómica se debe definir con base en los lineamientos de la Constitución y la ley, atendiendo estrictamente a criterios técnicos como la productividad, la inflación y los espacios formales de concertación.