Bogotá, 24 de febrero de 2026 — La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades que estuvieron bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, según el informe de auditoría publicado por el organismo de control.

El análisis, resultado de una auditoría integral, identificó 22 hallazgos administrativos, de los cuales 11 presentan incidencia fiscal y 17 podrían derivar en investigaciones disciplinarias, al evidenciar debilidades estructurales en los procesos internos de la entidad.

Deficiencias en procesos clave de la SAE

La Contraloría señaló que las fallas se concentran en varias áreas críticas de la gestión de bienes bajo extinción de dominio:

• Deficiencias en la administración general de bienes, incluyendo la ejecución de procedimientos de desalojo y la falta de aplicación sistemática de normas y procedimientos internos.
• Insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios responsables de activos custodiados.
• Debilidades en sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la coordinación entre las áreas involucradas en los procesos misionales.
  Estas fallas impactan directamente la correcta administración, aprovechamiento y conservación del patrimonio bajo custodia de la SAE.

Problemas en contratos de arrendamiento y administración de vehículos

Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría detectó irregularidades en la supervisión de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Se identificaron casos de contratos vigentes sin pólizas de seguro exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y responsabilidades del arrendatario.

Adicionalmente, el ente de control reportó graves deficiencias en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos administrados por la SAE. Varios automotores han permanecido almacenados en patios por períodos superiores a seis años, generando costos por $1.090 millones entre 2021 y 2025 y evidenciando pérdida de valor de los activos.

Impacto en la gestión patrimonial

La acumulación de estos problemas ha redundado en un detrimento económico significativo y en una gestión que no cumple con los estándares de control interno esperados para una entidad encargada de administrar bienes producto de procesos judiciales y de extinción de dominio.

La Contraloría señaló que estas situaciones representan no solo una posible afectación fiscal, sino también riesgos que pueden comprometer la misión institucional de la SAE si no se corrigen a tiempo.

Seguimiento y medidas correctivas

El organismo de control anunció que evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la SAE para eliminar las causas que originaron los hallazgos. La SAE deberá implementar un plan de mejoramiento con acciones y metas de carácter correctivo o preventivo dirigidas a subsanar las fallas administrativas detectadas y garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de bienes públicos.

El seguimiento de este plan será clave para determinar si la entidad logra corregir sus debilidades internas y asegurar que los recursos públicos bajo su administración se manejen con los estándares técnicos y éticos exigidos por la ley.