Acrip Central califica la coyuntura como inédita y advierte sobre contingencias legales si se realizan ajustes antes del nuevo decreto gubernamental.

La Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo y Gestión Humana (Acrip Central) ha emitido una directriz clara para el sector empresarial, exhortando a las compañías a actuar con absoluta prudencia y abstenerse de realizar modificaciones en sus estructuras salariales. Esta solicitud surge como respuesta inmediata a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un alza del 23% en el salario mínimo para el año 2026 en Colombia.

El valor vigente y el plazo legal para el Gobierno

El Comité Jurídico del gremio se reunió de urgencia para evaluar los alcances de esta medida judicial. La principal conclusión compartida con los empresarios es que las organizaciones deben mantener los salarios tal como se han venido liquidando en las últimas semanas.

A pesar de la suspensión del acto administrativo, el salario mínimo mensual legal vigente continúa fijado temporalmente en $1.750.905 pesos. Este valor deberá aplicarse sin variaciones hasta que el Gobierno Nacional defina un porcentaje transitorio. Acrip Central recordó a sus afiliados que el alto tribunal ha otorgado al Ejecutivo un plazo estricto de ocho días calendario para establecer este incremento provisional, tiempo durante el cual se espera que se inicie la resolución de fondo del proceso legal.

Revisión contractual y prevención de riesgos operativos

La agremiación ha sido enfática en señalar que cualquier ajuste anticipado en las nóminas podría desencadenar contingencias legales y cargas administrativas innecesarias para los empleadores. Se trata de un escenario jurídico atípico que requiere un manejo estrictamente técnico, sin decisiones apresuradas y con el debido respaldo de asesoría laboral especializada.

El llamado a los departamentos de recursos humanos incluye aprovechar este periodo de transición judicial para auditar detalladamente las condiciones de contratación de sus plantillas. La recomendación central es identificar con precisión qué componentes salariales están indexados de forma directa al decreto del salario mínimo y cuáles responden a otras disposiciones contractuales, con el objetivo de evitar pagos erróneos o afectaciones indebidas a los trabajadores.

Finalmente, la entidad gremial precisó que los efectos jurídicos y económicos de cualquier nuevo decreto que expida el Gobierno regirán de manera exclusiva hacia el futuro, protegiendo así las liquidaciones de nómina ya ejecutadas.