Mientras el país enfrenta una ofensiva criminal que ha dejado 62 muertos y al menos 860 acciones violentas con drones en los últimos cinco años, el Ministerio de Defensa lidera uno de los procesos contractuales más ambiciosos y sensibles de la última década.

Se trata del contrato para la implementación del Escudo Nacional Antidrones Colombia, un sistema de defensa aérea táctica valorado en 1.681 millones de dólares, equivalentes a 6,2 billones de pesos.

El monto no solo refleja la dimensión del desafío. También explica los movimientos silenciosos que ya se sienten alrededor del proceso.

La amenaza que aceleró el proyecto

El uso de drones como arma de ataque dejó de ser una hipótesis para convertirse en una amenaza concreta.

Disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN han incorporado estos dispositivos en acciones violentas en distintas regiones del país.

El saldo oficial habla de 62 víctimas mortales y cientos de ataques con artefactos explosivos adaptados a drones.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió estructurar un sistema integral de detección, neutralización e interceptación que permita proteger bases militares, infraestructura crítica y centros urbanos estratégicos.

El millonario contrato en disputa

El contrato del Escudo Nacional Antidrones es considerado uno de los más relevantes en materia de defensa reciente.

Su alcance incluye tecnología de radar, inhibidores de señal, sistemas de interferencia electrónica y plataformas de respuesta rápida.

El proceso, sin embargo, se ha manejado con reserva desde el despacho de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, quien asumió el cargo a mediados de agosto del año pasado en medio de cuestionamientos por su experiencia técnica en seguridad y defensa.

Las especificaciones técnicas, cronogramas y criterios de evaluación no han sido divulgados en detalle, lo que ha alimentado inquietudes en sectores políticos y empresariales.

El memorando con Turquía y el interés de MKE Corporation

Según reveló el diario El Colombiano, existe un memorando de entendimiento firmado en junio de 2025 entre Colombia y Turquía, considerado la antesala del interés de MKE Corporation por vender el sistema antidrones.

Este documento contrastaría con versiones públicas que señalaban que el proceso comenzó formalmente el 16 de enero tras una reunión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con empresarios del sector.

La existencia de ese memorando sugiere que los acercamientos podrían haberse iniciado meses antes de lo informado oficialmente.

Turquía se ha consolidado como uno de los proveedores emergentes de tecnología militar en mercados internacionales, particularmente en sistemas no tripulados y soluciones de defensa aérea.

Señalamientos sobre Force Improvement LLC

Fuentes internas del Ministerio de Defensa han señalado el presunto interés de la firma Force Improvement LLC en que el contrato sea adjudicado a la empresa turca.

La compañía tiene como socios a Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, y al empresario Carlos Alberto Dada, excuñado del mismo funcionario.

Aunque no existe, hasta ahora, una investigación formal que establezca irregularidades, la coincidencia de nombres ha elevado la sensibilidad política del proceso.

En contratos de esta magnitud, cualquier vínculo empresarial o familiar suele activar alertas sobre posibles conflictos de interés.

Reserva, presión y lo que viene

El contrato por 6,2 billones de pesos no solo representa una apuesta tecnológica.

Es también una decisión estratégica sobre con quién se alía Colombia en materia de defensa y bajo qué estándares de transparencia se ejecutará el proyecto.

El Ministerio de Defensa deberá avanzar en la definición del proveedor bajo estrictos criterios técnicos y jurídicos, en un contexto donde la amenaza es real pero el escrutinio público también lo es.

La implementación del Escudo Nacional Antidrones será determinante para enfrentar una modalidad de ataque que evoluciona rápidamente.

Pero el desafío no es únicamente militar.

También es institucional.

Porque en procesos de esta envergadura, la confianza en las reglas de contratación pesa tanto como la eficacia del sistema que se pretende instalar.