Carlos Escalante

Consultor y Estratega Político

«Han pasado ya varias semanas desde el 3 de enero, fecha que muchos venezolanos comienzan a identificar como un punto de quiebre. No se trata únicamente de la salida de Nicolás Maduro del poder. Se trata de algo más profundo: la posibilidad real de que Venezuela inicie, por fin, un tránsito hacia la normalidad democrática.

Durante 27 años el país intentó todos los mecanismos que la democracia ofrece. Se votó una y otra vez. Se protestó en las calles. Se participó en negociaciones. Se acudió a mediaciones internacionales. Se intentó convivir con un poder que cada vez cerraba más espacios. El resultado fue una prolongada etapa de represión, instituciones debilitadas y procesos electorales sin garantías plenas. El costo humano fue devastador: muertos en manifestaciones, miles de detenidos y más de ocho millones de venezolanos forzados a emigrar.

Por eso lo que está ocurriendo hoy, más allá de entusiasmos o temores, merece una reflexión serena.

La aprobación reciente de una Ley de Amnistía marca un punto políticamente relevante. No es una ley perfecta. Tiene vacíos, genera debates y seguramente deberá ser mejorada con el tiempo. Pero introduce un elemento esencial en toda transición: la posibilidad de descomprimir el conflicto político sin alimentar una lógica de revancha. La liberación de presos políticos y el regreso progresivo de actores perseguidos cambian el clima nacional. No borran el pasado, pero abren una puerta hacia una convivencia posible.

En paralelo, comienza a discutirse una arquitectura institucional que garantice reglas claras para la competencia política y para la recuperación económica. Sin estabilidad jurídica no habrá inversión. Y sin inversión no habrá reconstrucción. El sector energético vuelve a estar en el centro del debate regional, no solo por su impacto interno, sino por lo que Venezuela representa para el equilibrio energético del Caribe y de América Latina.

Este proceso no ocurre en el vacío. Estados Unidos ha jugado un papel relevante en la configuración de una hoja de ruta que combina estabilización política y reactivación económica. Más allá de simpatías o críticas, por primera vez en años se percibe una coordinación internacional orientada a facilitar una transición y no simplemente a administrar una crisis prolongada.

El elemento decisivo ahora es el tiempo. Las transiciones pueden consolidarse o diluirse. Si en los próximos meses se logra convocar elecciones verdaderamente competitivas, con observación internacional robusta y reglas transparentes, Venezuela podría entrar en una etapa inédita de legitimidad democrática. Una elección limpia no resolverá de inmediato la crisis social, pero sí restablecería el principio básico que ha estado ausente: la soberanía popular expresada sin distorsiones.

También hay que decirlo con claridad: sectores del antiguo aparato de poder que aún permanecen en estructuras del Estado actúan más por presión que por convicción. Eso obliga a vigilancia permanente. Las transiciones no se ganan por decreto; se consolidan con garantías, supervisión institucional y equilibrio político.

Sin embargo, el ambiente es distinto. Hay menos miedo en la conversación pública. Hay mayor disposición del sector privado a planificar. Hay una palabra que comienza a escucharse con cautela entre quienes emigraron: retorno. No es euforia. Es algo más responsable: esperanza racional.

Venezuela fue durante décadas un país de oportunidades. Luego se convirtió en un país de sobrevivencia. Hoy tiene la posibilidad de convertirse en un país de reconstrucción. Reconstrucción institucional, reconstrucción económica y, sobre todo, reconstrucción moral.

Lo que ocurra en Venezuela no será irrelevante para América Latina. Una transición ordenada enviaría un mensaje poderoso a la región: los autoritarismos no son eternos y las salidas negociadas son posibles cuando confluyen presión interna, articulación internacional y voluntad política. Una transición fallida, en cambio, reactivaría incertidumbres migratorias, energéticas y geopolíticas que impactan directamente a países como Colombia.

No es tiempo de triunfalismos. Tampoco de escepticismo paralizante. Es tiempo de madurez política.

Porque cinco o seis semanas no hacen una democracia. Pero sí pueden marcar el inicio de un proceso irreversible.

Y esta vez, Venezuela no puede darse el lujo de volver atrás.»

Carlos Escalante

Consultor y Estratega Político