Ernesto Lucena Quevedo

El abogado penalista se ha convertido en blanco de una nueva inquisición ilustrada. No es la turba la que lo persigue, sino ciertos sectores que, con lenguaje culto y pretensión moral, juegan mala política con su reputación. Confunden deliberadamente al defensor con su cliente, no por ignorancia jurídica sino por conveniencia estratégica. Saben que atacar la defensa es una forma elegante de deslegitimar al adversario sin discutir sus ideas. No es un error: es un método. Y cuando la defensa técnica se convierte en arma de difamación política, lo que está en juego no es la carrera de un abogado candidato, sino la integridad misma del Estado de derecho.

No hay aquí un debate jurídico serio, sino una maniobra retórica: sustituir argumentos por insinuaciones morales. Quien recurre a esa táctica revela una pobreza intelectual que intenta compensar con teatralidad ética. En lugar de confrontar ideas, programas o trayectorias, se instala la sospecha: el defensor queda contaminado por aquello que defendió. Es una operación antigua disfrazada de modernidad. No se discute lo que el abogado piensa; se sugiere que no debería ser escuchado. Esa es la verdadera censura: no la prohibición formal, sino la descalificación preventiva.

Toda civilización jurídica se sostiene sobre una premisa elemental: nadie es su cliente. El defensor no hereda la culpa, como tampoco hereda el delito el juez que absuelve o el fiscal que acusa. Romper esa distinción es regresar a un pensamiento mágico donde el contacto sustituye a la razón. Y cuando ese retroceso es promovido por quienes se autoproclaman ilustrados, el daño es doble: degradan el debate público y erosionan una de las garantías más sofisticadas que ha producido la modernidad jurídica — el derecho a la defensa sin estigma. 

Quienes hoy juegan a deslegitimar defensores creen estar haciendo política fina. En  realidad están ensayando una pedagogía peligrosa: enseñar que la defensa es sospechosa, que representar al acusado contamina, que la técnica jurídica puede convertirse en pecado público. Toda sociedad que ha aceptado esa lógica terminó ampliándola. Primero fueron los abogados incómodos; después, los jueces; luego, cualquier ciudadano que necesitará defensa. La historia es clara: cuando se persigue al defensor, la justicia ya ha comenzado a

retroceder.

No se trata de proteger a un abogado candidato. Se trata de proteger una frontera civilizatoria. Si la defensa se vuelve culpable, nadie vuelve a ser inocente.