Jaime Alberto Cabal marca distancia con la Andi y advierte que las mipymes no tienen la capacidad financiera para asumir el incremento fijado por el Gobierno Nacional.

El gremio del comercio ha encendido las alarmas frente al incremento del 23,7% del salario mínimo para el año 2026. Según Fenalco, esta medida ya está generando un impacto directo en la retención de empleo, el comportamiento de los precios al consumidor y la viabilidad operativa de miles de negocios en el país.

La presión sobre el tejido empresarial

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que el 93% del tejido empresarial colombiano, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, no está en capacidad de sostener un incremento salarial de esta magnitud. En una reciente entrevista radial, Cabal explicó que la decisión adoptada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro obedeció a criterios políticos más que a fundamentos técnicos o económicos.

Estas declaraciones surgen en medio del debate jurídico generado tras el reciente fallo del Consejo de Estado. Dicho tribunal suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el aumento salarial y ordenó al Ejecutivo la expedición de un nuevo documento que esté debidamente sustentado.

Divergencias entre el comercio y la gran industria

La coyuntura ha evidenciado posturas divididas dentro del sector privado colombiano. Cabal respondió de manera directa a la posición de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien había manifestado su conformidad con mantener el incremento en el 23,7%.

El líder gremial de los comerciantes estableció una línea divisoria clara entre las grandes corporaciones y las mipymes. Cabal afirmó que comprende la postura del presidente de la Andi, dado que la gran industria cuenta con el músculo financiero para absorber el costo o ya se ha acomodado para pagar dicho salario.

Sin embargo, enfatizó que no comparte esta visión generalizada, recordando que las micro y pequeñas empresas son sectores intensivos en mano de obra y su estructura de costos depende, en su inmensa mayoría, del pago de un salario mínimo.

La resolución de esta coyuntura queda ahora a la espera del nuevo decreto que deberá emitir el Gobierno Nacional, el cual definirá el panorama de costos laborales para las empresas durante el resto del año.